Ayer por la mañana tuvo lugar la última de las tres reuniones organizadas por la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa para informar los centros educativos que imparten formación profesional sobre las últimas novedades relacionadas con la inclusión en el sistema de la Seguridad Social, a partir del 1 de enero de este año, de los alumnos que realizan prácticas formativas. En este sentido, se ha de recordar que esta medida nace del Real Decreto ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La reunión de ayer, dirigida a los institutos de educación secundaria (IES) y a los centros de educación de personas adultas (CEPA), se llevó a cabo por videoconferencia y contó con la presencia de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, y del jefe del Departamento de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Víctor Arjona. Las restantes dos reuniones se hicieron de manera presencial la semana pasada: una para los centros integrados de formación profesional (CIFP), el 11 de enero, y otra para los centros concertados que disponen de oferta de FP, el 12 de enero.

Durante el transcurso de estas reuniones se ha informado, entre otros aspectos, de la tarea realizada desde la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa para tener finalizados los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para poder tramitar el alta en la Seguridad Social desde la propia Consejería de Educación y Universidades y que el sistema que se implante cause el menor impacto posible en la tarea diaria de los centros educativos.