La consellera de Familias y Asuntos Sociales reclama la participación de las comunidades autónomas y una financiación adecuada para la gestión de las prestaciones NNota Informativa

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha asistido hoy a la reunión ordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrado en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en Madrid. Entre otras cuestiones se ha presentado el Anteproyecto de Ley para modificar la Ley General de personas con discapacidad, sobre el que Cirer ha pedido que «se invite a participar a las comunidades y que se escuchen las consideraciones que hagamos para enriquecer esta norma, especialmente antes de remitirla al Consejo de Ministros para que podamos tener tiempo para realizar nuestras aportaciones». 

En este sentido, Cirer ha insistido junto con el resto de comunidades que en cualquier modificación que se haga se tenga en cuenta la financiación. «No puede suceder», ha dicho, «lo que pasó con la Ley de Dependencia, que hizo que todas las comunidades debamos poner fondos propios porque no vino correctamente dotada». A esto se suma, ha dicho «la fuga de profesionales del sector de la dependencia, lo que obliga a tener una buena financiación para poder frenar la marcha de estos profesionales a otros sectores».

En el encuentro también se ha analizado el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. En este sentido, Cirer se ha unido a las críticas de otras comunidades, que consideran que «el hecho de que se cuente con unos presupuestos del Estado prorrogados no puede ser justificación alguna para que estos fondos sigan los criterios de 2022, ya que son fondos muy importantes, al igual que los referentes a Promoción de la autonomía personal y dependencia, que se basan en criterios e importes no actualizados».

Una prórroga en el sistema de tarjetas de alimentos

Sobre el programa de Asistencia Material Básica del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), las conocidas como tarjetas de alimentos, Cirer ha dicho que «sigue habiendo una incertidumbre absoluta por parte del Ministerio, sobre todo cuando estamos reclamando que haya una prórroga de seis meses que el gobierno central no puede garantizarnos, ya que dice que no hay fórmula jurídica para extender el contrato de gestión a Cruz Roja». Esto, ha dicho Cirer, «nos obliga a las comunidades a estar preparadas para asumir su gestión en enero de 2025». 

Este sistema, cofinanciado por el Fondo Social Europeo+ (FSE+), sólo cubrirá el 12% de los colectivos que lo necesitan, ha dicho Cirer, por culpa de los criterios que ha fijado el Ministerio y, ha añadido, «sigue habiendo incertidumbre en cuanto en los supermercados que deben distribuir estos alimentos». 

En la reunión ha habido puntos de acuerdo, especialmente aquellos referentes a la Estrategia destinada a las personas con autismo, el que trata los ajustes de las personas con discapacidad en su vida cotidiana y laboral, y el de ampliación del Decreto de perros guía, para que puedan acogerse otros colectivos además de las personas con sordoceguera.

Por último, Cirer ha pedido durante la reunión que las Islas puedan acoger un Congreso nacional del Voluntariado.